Los episodios de violencia en el Cauca han generado impactos de consideración a distintos grupos poblacionales, pues han sufrido la vulneración de sus derechos, particularmente los sujetos de especial protección internacional, como las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes y campesinas.

Es tan preocupante lo que viene ocurriendo, que la Defensoría del Pueblo tiene un registro de hechos consumados a causa del conflicto armado, siendo las y los líderes sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz en el segundo semestre del 2016 hasta la fecha, los más afectados en el departamento, con 302 personas asesinadas. Les siguen los excombatientes de las Farc, con 73 homicidios.

No menos preocupante el panorama relativamente reciente. En 2022, la entidad de derechos humanos registró 480 hechos de personas ultimadas, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, cuyos principales responsables serían las estructuras armadas al margen de la ley, entre las que están las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN; sin embargo, en 2023 contabilizó un total de 560 hechos de la misma naturaleza. El aumento, al hacer la comparación entre los dos años, es del 16,67%.

Entre 2017 y lo que va del 2024, con el propósito primario de llamar la atención de la institucionalidad gubernamental para que la población civil sea protegida, incluidos quienes renunciaron a las armas, lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, la Defensoría ha emitido 27 Alertas Tempranas Estructurales, haciendo especial énfasis en Piamonte, Caldono, Argelia, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, municipios donde el conflicto representa un mayor riesgo para las comunidades.